expresó su total desacuerdo con la propuesta de
reducir la edad a 16 años para penalizar a menores
de edad porque la experiencia en otros países ha
demostrado que esa medida no disminuye los
índices delictivos ni la participación de
adolescentes en hechos criminales.
La parlamentaria zuliana, quien formó parte de la
Comisión de Familia de la Asamblea Nacional,
explicó que, durante las mesas de trabajo que le
correspondió coordinar en 2011 y 2012, la
totalidad de los organismos que trabajan en el área
de los niños, niñas y adolescentes coincidieron en
que, estadísticamente, en otras naciones la política
de bajar a 16 años la edad para penalizar, no
produjo los resultados esperados, dado que los
índices de criminalidad juvenil se mantuvieron e,
incluso, crecieron en algunos países.
Los organismos venezolanos que trabajan el área
penal en el ámbito de niños, niñas y adolescentes
consideran que la LOPNA es una ley sumamente
completa.
Para la diputada de UNT lo que es
necesario es que las instituciones venezolanas se
adecúen a lo establecido en dicha ley, de allí que
resultaría totalmente erróneo que "mientras se da
un proceso de adaptación de los organismos a la
ley que rige para los menores de edad, ahora surja
de improviso esta propuesta de reforma para bajar
la edad de penalización a los menores que incurran
en hechos delictivos".
Estima la Diputada que se entiende la preocupación
por el número de jóvenes involucrados en los
últimos asesinatos cometidos, pero las soluciones
al problema deben ser de fondo y discutidas con
total amplitud por los diferentes organismos
involucrados, no sólo el gobierno nacional o la
Asamblea Nacional.
"Debemos partir de que el aumento de la
criminalidad en Venezuela tiene múltiples razones y
el gobierno nacional es el directo responsable de
revertir esta situación.
En ese sentido, debe empezar a tomar medidas inmediatas como la
aplicación de la Ley Desarme, a fin de evitar que
los criminales sigan contando con la enorme
cantidad de armas que existen en el país. Luego,
mejorar los cuerpos de seguridad y la vigilancia
ciudadana, la prevención, las políticas sociales
para mejorar no sólo la calidad de vida ciudadana
en los niveles más necesitados, sino también la
educación, con políticas que minimicen la
deserción escolar, el embarazo precoz, la evolución
económica familiar, en fin, este es un problema
que tiene muchos elementos y no es una reforma o
una acción aislada lo que minimizará los índices de
participación de niños, niñas y adolescentes en
crímenes en nuestra nación".
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